Parques eólicos: denuncia penal por “negocios” de Macri
Los diputados nacionales Rodolfo Tailhade y Martín Doñate promovieron una denuncia penal para que se
investiguen actos irregulares que podrían configurar delitos contra la administración pública
Es en el marco del otorgamiento por parte del gobierno nacional de concesiones para la explotación de parques eólicos.
El pedido de los diputados del Frente para la Victoria responde a dos publicaciones del diario Perfil tituladas: “Sin licitación, el grupo Macri compró y luego revendió seis parques eólicos” y “Con los parques eólicos las empresas de los Macri ganaron al menos 48 millones de dólares”.
Tailhade y Doñate argumentaron: “Desde nuestra perspectiva, que funcionarios del gobierno nacional favorecieron de manera ilegal a distintas sociedades vinculadas al grupo económico de la familia del presidente de la Nación,
Mauricio Macri, en negocios vinculados a concesiones de parques eólicos por los que obtuvieron ganancias por casi 50 millones de dólares en pocos meses”.
Los diputados hicieron un extenso alegato en favor que el juez de la causa fije fecha de ratificación de la denuncia, “oportunidad en la que aportaremos la documentación que tenemos sobre los hechos”, y se le dé intervención al Fiscal competente a “efectos que requiera la instrucción de sumario y la investigación de los
hechos”.
Debajo de la argumentación, Tailhade y Doñate afirmaron que el escrito presentado por ellos “no parece ofrecer dudas sobre la pertinencia de la denuncia, es decir estamos ante la posible comisión de delitos como tráfico de influencias, negociaciones incompatibles, uso de información privilegiada, que fueron el marco fáctico sobre el cual se edificó un negocio multimillonario e ilegal que favoreció a la familia presidencial”.
“No hay aquí especulaciones ni siquiera interpretaciones. Hay hechos, y reconocimientos expresos. Fue Payaslian quien dijo que Sideco/Socma tienen un “10, 12%” del negocio”.
“Todo indica una participación económica más importante del grupo Macri en la operación, pero aún si fuera el caso,
ese 10 o 12% resulta suficiente para iniciar con urgencia una investigación, frente a evidencias muy marcadas de que se desplegó desde el estado nacional una serie de actos que garantizaron un beneficio patrimonial indebido en un negocio que involucró a la familia del presidente de la Nación”.
adn
Es un negocio entre empresas privadas. El gobierno no interviene en absoluto, mal podría entonces llamar a una licitación. Estos dos legisladores se han convertido en denunciantes seriales, ninguna de las denuncias que han realizado en los dos últimos años avanzó en la Justicia. Sólo cumplen órdenes de CFK, que no responde por los delitos de los que está acusada y por los que podría terminar presa.