Trabajan en una ley de cupo de acceso al trabajo para personas trans al estado provincial

Diputados presentaron un proyecto de ley para garantizar la incorporación de personas trans al trabajo formal, tanto público como privado, en condiciones de igualad y respeto de su dignidad.

La propuesta –presentada por diputados de los bloques del Frente Para la Victoria, Frente Grande y Frente Neuquino– fija, además, un cupo mínimo laboral, del 0.5% del todo el personal de planta estatal y un beneficio impositivo para el sector privado.

En el articulado, la propuesta define a la persona trans como todo sujeto que se autoperciba y/o exprese un género distinto al sexo que le fuera asignado legal o convencionalmente al momento de su nacimiento. En particular, se incluye a las personas identificadas como travestis, transgéneros y transexuales.

El proyecto crea un marco normativo para garantizar el derecho al trabajo y sus condiciones dignas, reconociendo el derecho de las personas trans a trabajar en igualdad de condiciones con las demás personas, lo que implica el acceso a un trabajo digno.

A tal fin, se prohíbe la discriminación por motivos de identidad y/o expresión de género en las condiciones de selección, contratación y continuidad en el empleo, al tiempo que se protegen los derechos laborales del colectivo en cuestión a fin de lograr condiciones de trabajo justas y favorables e igual remuneración por igual tarea, entre otros puntos.

En cuanto al cupo en el ámbito público, el Estado provincial –en sus tres poderes y todos los órganos descentralizados y empresas estatales– deberá contratar un porcentaje de empleados y empleadas trans no inferior al 0.5% de su planta transitoria, permanente y contratada.

En igual sentido, se fija un incentivo fiscal en el ámbito privado que consiste en una deducción especial en la base imponible del impuesto a los ingresos brutos, equivalente al 50% de las retribuciones correspondientes al personal travesti, transexual y transgénero en cada período fiscal. El beneficio será concedido por el plazo de tres años por cada empleado trans.

Finalmente, el proyecto propone a la Subsecretaría de Trabajo de la provincia como autoridad de aplicación, cuyas principales funciones serán la realización de un registro de puestos de trabajo disponibles, un listado de postulantes y sus aptitudes laborales y el asesoramiento a personas trans en la búsqueda de una fuente laboral.

En los fundamentos, se mencionan los derechos constitucionales que son continuamente vulnerados como la igualdad y la no discriminación, derecho al trabajo, a la seguridad física y social, a la privacidad, a la salud integral, a una adecuada calidad de vida y a la dignidad personal.

A nivel laboral, la discriminación y falta de oportunidad implican que la prostitución se convierta en una de las únicas alternativas para generar ingresos, aumentado el grado de discriminación, criminalización y marginación hacia las personas trans.

Ante tal escenario, el objetivo del proyecto es generar una medida “de acción afirmativa para remover los obstáculos sociopolíticos que impiden el desarrollo de la igualdad real de oportunidades de determinados grupos vulnerados”