ATE protesta frente a la sede de PAMI en Gral. Roca
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) se concentra en estos momentos en la puerta de la sede del PAMI de Roca, donde denuncia que la obra social en la provincia demora la entrega de medicación oncológica, entre otros gravísimos recortes prestacionales a 100.000 afiliados como consecuencia del ajuste ordenado por la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. El sindicato anticipó que realizará un pedido de informes al Director del PAMI, Esteban Leguízamo.
El secretario general nacional de ATE, Rodolfo Aguiar, desembarcó en la ciudad valletana para interiorizarse personalmente de la situación de los afiliados activos y jubilados afectados que suman 97.975 personas.
“El Gobierno ha decidido aplicar un ajuste drástico en el PAMI. Por estas horas, el recorte alcanza a prestaciones esenciales”, dijo Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE. “Vamos a iniciar protestas y no descartamos que las mismas se vayan profundizando con el correr de las horas. Las autoridades tienen que explicar por qué está frenada la entrega de medicación oncológica y por qué los jubilados tienen que esperar meses para recibir una prótesis”.
“Lo que está ocurriendo es muy grave. Son millones los beneficiarios que en las últimas semanas ingresaron en un escenario de virtual abandono”, agregó Aguiar. “Los afiliados aportaron al PAMI durante toda su vida para tener acceso a un servicio libre y gratuito del sistema de salud. Queremos saber qué está ocurriendo en una obra social con recaudación multimillonaria que hoy no garantiza los servicios básicos a sus afiliados”.
El sindicato denuncia que PAMI demora 30 días en evaluar la medicación solicitada por pacientes y 15 días más en entregarla. La política oficial de licuación de gastos a veces llega tarde.
El retraso impera también en la gestión de la obra social. Jubilados denuncian que los reintegros demoran cuatro meses y la entrega de instrumentos ortopédicos hasta tres meses después de haber sido solicitada. ATE asegura además que en Roca y otras ciudades de la provincia no hay atención directa de urólogos, gastroenterólogos ni cirujanos.
El temor a una desprotección mayor se vive como amenaza: desde adentro de las oficinas circula la versión de que el 30% de los medicamentos quedarán sin cobertura alguna.
