Proyecto de ley para que se declare la emergencia en violencia hacia las mujeres
La emergencia comprende los aspectos organizativos, funcionales, operativos, preventivos, asistenciales, edilicios, de personal y de servicio de los organismos de los tres poderes del Estado provincial vinculados a la temática.
La autoridad de aplicación será el Ministerio de Gobierno que estará facultado para adquirir mediante los mecanismos de contratación directa, de acuerdo a la ley de Administración Financiera y Control, los bienes, servicios e insumos necesarios para afrontar la emergencia, como así también la realización de obras destinadas a centros de estadía transitorios y otras obras destinadas a garantizar la eficacia de las políticas públicas para combatir la violencia contra las mujeres.
En los fundamentos, la legisladora remarca que la eliminación de todas las formas de violencia contra las mujeres y niñas es un objetivo concreto de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible, a la que Neuquén adhirió en marzo de 2017. Y cita en sus argumentos información de la Organización Mundial de la Salud (OMS) del año 2013 que estima que aproximadamente el 35% de las mujeres del mundo sufrió violencia sexual o física por parte de su pareja o violencia sexual no conyugal a lo largo de sus vidas.
A la vez, menciona que la OMS “ha señalado que las mujeres de entre 14 y 45 años, tienen más posibilidades de morir a causa de violencia de género que por cáncer, por un accidente de tránsito o por un intento de robo en la vía pública, lo que constituye un dato por demás preocupante que exige que el Estado se aboque a la tarea inexcusable y urgente de dar respuesta a este flagelo”. También hace referencia al informe anual del Observatorio de Femicidios de la Defensoría del Pueblo de la Nación de 2023 en el que se señala que ese año se registraron 322 víctimas de femicidio, mientras que, de acuerdo a un informe del observatorio “Ahora que sí nos ven”, en la provincia de Neuquén se registraron 11.
“Las leyes locales y convencionales específicas sobre Violencia de Género y Doméstica constituyen una herramienta fundamental, pero no resultan suficientes sin las políticas públicas que garanticen su efectividad, eficacia y eficiencia traducida en las respuestas adecuadas y oportunas a las y los usuarios”, sostienen.
