Crearán una nueva empresa para administrar las represas del Comahue

La secretaria de Energía, Flavia Royón, instruirá formalmente en los próximos días al Directorio de Enarsa a que inicie los trámites de creación de una nueva compañía pública que se hará cargo de la gestión de tres represas hidroeléctricas del Comahue —Alicurá, El Chocón y Planicie Banderita— a partir del 11 de agosto, una vez que expire el contrato de concesión que, respectivamente, está en manos de la norteamericana AES, la italiana Enel y Orazul Energy, que pertenece al fondo I Squared Capital.

El 29 de diciembre podría sumarse a esa lista una cuarta central, Piedra del Águila, que está en poder de Central Puerto, pero esa decisión ya será competencia del próximo gobierno.

En el Ministerio de Economía creen que el proceso de confección de la nueva sociedad ante la Inspección General de Justicia podría estar listo dentro de dos meses. En un primer momento, Enarsa controlará el 100% del capital accionario de la nueva firma, pero fuentes cercanas al ministro Sergio Massa indicaron a EconoJournal que a medida que avancen las negociaciones con las gobernaciones de Neuquén y Río Negro y con los actuales concesionarios, tanto las provincias como los privados podrían terminar dentro del nuevo esquema societario.

La regulación establece que las represas deben revertirse al Estado nacional, en especial las del Comahue porque, a diferencia de otras centrales hidroeléctricas (como las de Mendoza), fueron financiadas íntegramente por la Nación. Sin embargo, en Economía asumen que cualquier solución hacia adelante deberá contar con el visto bueno de las administraciones provinciales.

Massa lidera esa agenda política con los gobernadores. Royón y el subsecretario de Energía Eléctrica, Santiago Yanotti, discuten en el plano técnico con Alejandro Monteiro, el ministro de Energía de Neuquén, Andrea Confini, titular del área en Río Negro, y también con Elías Sapag, hombre fuerte de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) que controla la gestión de las presas en materia de seguridad operativa.

Agenda incipiente

Los representantes provinciales presentaron una propuesta que incluye una postura común sobre varios ejes. A diferencia de la lectura reduccionista que surge desde algunos sectores de la política, la discusión por la propiedad no encabeza la nómina de temas que plantearon las gobernaciones.

Las provincias están mucho más interesadas en discutir la distribución de la futura renta de las represas que la participación accionaria de las mismas. Ese el punto nodal de la discusión aún no articulada entre la Nación y las provincias. El punto de partida de esa agenda no es alentador para las provincias: desde la óptica del Estado nacional, la inversión que demandó la construcción de las centrales hidroeléctricas ya fue amortizada. De hecho, la energía que hoy genera el complejo del Comahue está pesificada y se remunera bajo un esquema de ‘costo plus’ que debería cubrir los costos de operación y mantenimiento (O&M) más una pequeña rentabilidad. ‘Debería’ porque, en rigor, lo que viene pasando desde hace tres años es que el monto en pesos que paga Cammesa, la empresa que administra el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), queda desactualizado de manera permanente por la inflación y el gobierno se demora meses en aumentar ese valor.

Visiones encontradas

Más allá de esa cuestión coyuntural, el planteo de las provincias gira sobre el eventual incremento de la renta de la energía producida por las represas. Toda la agenda que impulsan desde Neuquén y Río Negro —como la creación de un canon sobre el uso del agua, el aumento de las regalías hidroeléctricas que perciben las provincias y la creación de un fondo fiduciario para solventar nuevos desarrollos— parte de esa condición necesaria. Si no hay una mejora de la remuneración de la energía que producen las centrales, la agenda que intentan impulsar las provincias se diluye.

El problema es que, por definición, la posición del Estado nacional es la opuesta. “Si la inversión ya está amortizada y el Estado pretende recuperar la concesión, lo lógica sería que la remuneración baje, no que aumente como pretenden las provincias”, explicaron en un despacho oficial.

En la Secretaría de Energía aspiran a que la nueva empresa que creará Enarsa licite la operación y el mantenimiento de las centrales con un contrato a cinco años de plazo. Los tiempos, el delicadísimo escenario económico y la agenda electoral le juegan en contra. Tanto que, en reserva, los concesionarios privados desconfían que el Ejecutivo incluso pueda confeccionar la nueva sociedad con la que quiere empezar a gestionar las represas una vez que expiren los contratos de concesión.

¿Para qué?

La discusión más sustanciosa vuelve a ser la de la renta. Las provincias quieren que la reversión de las concesiones hidroeléctricas venga aparejada con una mejora de los ingresos que generan las centrales eléctricas. Eso conllevaría un encarecimiento del costo de generación de energía que debería replicarse en las tarifas o, en su defecto, en mayores subsidios del Tesoro nacional.

La segunda derivada de ese planteo es: ¿Cuál debería ser el objetivo de incrementar la remuneración de las represas del Comahue? Está claro que debería existir un proyecto por detrás. Si no, implicaría transferirles a las represas una renta extraordinaria sin contraprestación alguna. Una posibilidad es que esos fondos sean recaudados por un fideicomiso para financiar la construcción de nuevas represas hidroeléctricas en la región o para encarar la reconversión tecnológica de las centrales existentes. La apuesta de máxima de las provincias es tener cierta autonomía para administrar ese fondo. Será motivo de debate con Nación.

Sí hay consenso en modificar algunos aspectos secundarios, como por ejemplo la forma en que se calculan las regalías hidroeléctricas que cobran las provincias. Es probable es que en el futuro se calculen sobre la potencia de las centrales y no sobre la energía generada (un elemento variable), a fin de establecer un flujo estable para las arcas provinciales. La letra chica de esa negociación debería conocerse en las próximas semanas si es que las urgencias de la macro lo permiten.

FUENTE: EconoJournal.