Tras las denuncias, la Justicia ordenó un operativo y secuestró el pliego del gasoducto
El juez federal Daniel Rafecas ordenó este lunes un operativo en el Ministerio de Desarrollo Productivo, en el que se secuestró el pliego del gasoducto Néstor Kirchner.
El procedimiento se dio en el marco de una investigación por supuestas irregularidades en el proceso de esa licitación, a partir de tres denuncias que se formalizaron este lunes en los tribunales de Comodoro Py.
La polémica alrededor del gasoducto comenzó el fin de semana, cuando desde el Ministerio que encabezaba el saliente Matías Kulfas se deslizó que hubo movimientos de parte del kirchnerismo para favorecer a la empresa Techint para quedarse con la licitación.
En el Juzgado de Rafecas recayó la primera de las denuncias hechas este lunes en Comodoro Py, mientras que las otras dos fueron a parar a manos de su par Ariel Lijo.
Rafecas ya ordenó las primeras medidas a horas de ser hecha la denuncia y luego que la misma fuese ratificada por el abogado Dupuy de Lome.
Primeras denuncias
A primera hora de este lunes, un grupo de dirigentes opositores presentó una denuncia contra el directorio de la empresa estatal Integración Energética Argentina Sociedad Anónima (IEASA). La acción, sostiene la presentación, es por haber «direccionado la contratación de los caños para el gasoducto Néstor Kirchner, mediante la exigencia de especificaciones técnicas tendientes a que sólo una empresa pudiese resultar adjudicataria de la licitación».
El trascendido de un mensaje “en off” de Kulfas a periodistas, donde acusaba a funcionarios vinculados a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quienes “fijaron las condiciones para darle la construcción de las cañerías del gasoducto de Vaca Muerta a Techint”. Además había indicado que “armaron un pliego de licitación a la medida de Techint y de la chapa que el grupo fabrica en Brasil, de 33 mm de espesor. Si en lugar de poner esa especificación hubieran puesto 31mm, como son los gasoductos en Europa, se podría haber provisto caños desde otra firma que produce en Villa Constitución (Laminados industriales SA)».
La denuncia ante la Justicia la llevaron a cabo Yamil Santoro, José Magioncalda y José Luis Patiño, con el patrocinio de Francisco Oneto. Con esta acción, se solicita que se investigue si hubo delito, por entender que se trata de una presunta “administración fraudulenta agravada”.
Tras la difusión de los mensajes del exministro de Producción, los denunciantes consideraron que el caso implica que “los intereses confiados en los que ejercen la administración de la compañía IEASA, se habrían visto perjudicados, pues evidentemente o se estarían llevando a cabo las obras con tecnología de menor calidad de la disponible, o a un costo más alto del posible”, explicaron.
En el documento, el grupo de dirigentes que gestó el reclamo judicial, mencionan que “el pliego de la compra se aprobó mediante la Resolución N° 15/2022 y, si bien la misma no se encuentra publicada en la página web de IEASA -en violación de expresas normas de transparencia activa establecidas por la ley 27.275 de acceso a la información pública-, el 4 de mayo pasado la empresa estatal emitió un comunicado en el que informaba de la adjudicación a Techint, única empresa oferente”.
