Un debate necesario para un negocio millonario
El año que viene -entre junio y diciembre- vencen los contratos de las hidroeléctricas que se construyeron y entraron en funcionamiento entre 1972 y 1999, sobre las cuencas de los ríos Limay y Neuquén, privatizadas en 1992 por el gobierno de Carlos Saúl Menem y que representan un negocio de 800 millones de dólares anual. ¿Quiénes manejan este negocio? Los italianos de Enel, Morgan Stanley, Marcelo Mindlin, Carlos Miguens, Guillermo Reca, Nicolás Caputo, los hermanos Ruete Aguirre y la familia Escasany, que administran los aprovechamientos hidroeléctricos de El Chocón-Arroyito; Piedra del Águila, Alicurá y el complejo de represas de Cerros Colorados.
Ante este vencimiento de contratos, Río Negro y Neuquén, piden el control de las hidroeléctricas para su administración, junto con el Estado nacional, reeditando lo que fuera Hidronor (Hidroeléctrica Norpatagonia) SA, una empresa pública bajo la forma de sociedad anónima con mayoría estatal, encargada de la producción, distribución y comercialización de energía hidroeléctrica, así como la evaluación y construcción de centrales hidroeléctricas en la Patagonia.
La gobernadora Arabela Carreras y el gobernador Omar Gutiérrez, firmaron un acta acuerdo para analizar y formular propuestas provinciales ante la finalización de las concesiones, al tiempo que ratificaron la conveniencia y necesidad de intervenir en la administración, operación, mantenimiento, explotación comercial y preservación de los aprovechamientos hidroeléctricos.
Se prevé entonces un exhaustivo debate donde será importantes las decisiones de los gobiernos rionegrino y neuquino y también la opinión de los partidos políticos y sectores empresariales vinculados al consumo energético.
En Río Negro la determinación de JSRN tendrá un perfil de defensa de los intereses provinciales, por el lado de JxC es posible una fuerte defensa de continuar con la privatización, incluso por los vínculos de las actuales consignatarias con el PRO, como los casos de Caputo, Mindlin, Escasany y demás.
El Frente de Todos aún no tiene opinión formada orgánicamente y no se conocen expresiones del PJ. Este tema está ausente de la agenda del peronismo rionegrino y que incluso podría ponerlo en la disyuntiva de apoyar una posición provincialista o acompañar la postura que tendría la Secretaría de Energía de Nación, de volver a concesionar las centrales por un período que oscilaría entre los 20 y 30 años, con la obligación de las nuevas operadoras de llevar adelante las inversiones necesarias para modernizar y extender la vida útil de las turbinas y los equipos generadores.
Cabe señalar que la facturación de energía de las represas significa unos 800 millones de dólares por la producción de Cerros Colorados-Planicie Banderita, con 1450 MW; El Chocón-Arroyito, a cargo de la italiana Enel, con 1320 MW; Portezuelo Grande-Loma de la Lata, a cargo de Orazul Energy; Alicurá, de AES, con 1000 MW y Piedra del Águila, de la Sociedad de Energía SADESA Central Puerto. Pichí Picún Leufu, explotada por Pampa Energía que produce 261 MW, cuenta con una concesión que vence en el 2029
Otra variante es la que impulsan los gobiernos de Río Negro y Neuquén, para que las centrales sean transferidas a esas provincias. Quienes defienden esta postura prevén crear una nueva empresa estatal para asumir la operación de las usinas y encarar la construcción de nuevos proyectos con las utilidades que deje la venta de energía al sistema eléctrico nacional.
Para el extitular de Energía, el radical Jorge Lapeña, la reversión de las concesiones debería dar paso a un nuevo esquema que incluya la creación de una Agencia Nacional de Desarrollos Hidroeléctricos, mientras que otros proyectos hablan de una nueva empresa nacional es la que empujan un grupo de profesionales y técnicos de la exHidronor (Hidroeléctrica Norpatagónica). La nueva compañía, que podrá incluir a las provincias, sería la nueva concesionaria de las centrales y se encargaría de la operación y del desarrollo de nuevos proyectos que se financiarían con un canon proveniente de la venta de energía.
Por su parte, los actuales concesionarios privados fomentan como opción la posibilidad de una prórroga contractual para poder seguir al frente de las centrales por un período de cinco años más. Consideran que esa extensión es factible porque se encuadra dentro de la pauta del 20% de ampliación de los contratos que se aplica habitualmente. Además, sostienen que en la negociación para prorrogar las concesiones se podrían resolver los millonarios reclamos económicos que han planteado contra el Estado por las medidas adoptadas en los últimos ocho años, que alteraron las reglas originales de juego y recortaron los ingresos tarifarios que estaban previstos en los contratos.
Fuente: ADN
