Estafa al IPROSS por $70 millones. Acusan a dueños de farmacias
Siete dueños de farmacias de General Roca y Allen fueron acusados por el equipo de fiscales encabezado por Teresa Giuffrida junto a Gastón Britos Rubiolo, por estafa agravada al IPROSS por más de 70 millones de pesos.
Los imputados no podrán salir del país, deberán presentarse en la fiscalía cada siete días y se continuará con los embargos a aplicación de medidas cautelares, entre ellas la prohibición de salir del país, presentación en Fiscalia cada 7 días y la continuación de embargos por el plazo que dura la investigación preparatoria de 4 meses.
La jueza de Garantias Natalia Gonzalez tuvo por formulados los cargos en los términos esgrimidos por el Ministerio Público Fiscal a los que la querella, la Fiscalia de Estado, adhirió en un todo. Sin embargo dispuso que los imputados asistan cada 15 días a la presentación judicial.
Luego de tres días de audiencias concluyó este viernes la imputación basada en los hechos que dieron origen el año pasado a la denuncia concretada por la actual gestión del Colegio de Farmacéuticos de General Roca.
Según la investigación la estafa podría estimarse, -como mínimo-, en la suma de $ 70.020.552,39 aproximadamente, teniendo en cuenta el valor histórico de los medicamentos objetos del delito, de acuerdo al detalle aportado por el Colegio de Farmacéuticos según el sistema informático Xarion y Xelion.
El monto se subdivide en las diferentes farmacias beneficiarias de las sumas, los que arrojan un valor individual de $ 6.220.592,43, Farmacia Fasano; $ 30.386.591,28 Farmacia Tucumán; $ 14.056.807,59 Farmacia Santa Teresita; $ 17.115.765,04 Farmacia Araucana-Jacobacci y $ 2.240.796,05 Farmacia Farmacentro.
La acusación fiscal presentó tres hechos, ordenados según modalidad, y descriptos de manera quincenal y por farmacia. Los mismos se habrían iniciado en diciembre de 2013 y se extendieron hasta abril de 2019.
Además las estafas habrían sido, por un lado generar recetas de medicamentos de los Planes de Epilepsia y Diabetes de afiliados a la obra social IProSS de esta provincia, nunca haber vendido esos remedios, y usar para ello el sistema informático de liquidación quincenal que posee el Colegio de Farmacéuticos.
La otra estafa fue agregar esos medicamentos a la liquidación final de cada una de las farmacias señaladas por la fiscalía. Esa liquidación era remitida al área de Administración del Colegio para la generación de una factura de cobro (orden de pago) que se remitía también a IProSS para su pago y que la entidad estatal acreditaba dicha erogación en la cuenta corriente del Colegio.
El tercer hecho consistió en generar o modificar recetas de medicamentos en el sistema que cada farmacia tenía, las mismas eran ficticias y no se correspondían con medicamentos efectivamente vendidos en mostrador (esos remedios nunca fueron comprados a ninguna droguería). Luego agregaban ello a los lotes de medicamentos vendidos que nunca fueron controlados ni auditados por quien se encargaba de ello en el Colegio.
De todas maneras los fiscales aclararon que «ello sin perjuicio de la realización de la pericial informática sobre los elementos secuestrados y la eventual determinación que pueda surgir por parte de la pericial contable a desarrollarse.
El Ministerio Público Fiscal reunió hasta el momento y para dar por sentada la imputación, variada y profusa prueba documental, entre lo que se cuenta con informes de entidades bancarias, informes de la AFIP, planillas de los programas informáticos de carga tanto de la farmacias implicadas como del colegio de Farmacéuticos.
Además material fílmico, imágenes forenses, copia de back ups y archivos aportados por el proveedor del sistema informático, y entrevistas.
La audiencia continua el próximo lunes para terminar de resolver algunas de las medidas cautelares pendientes.
adn
