ATE Rio Negro realizará este jueves una jornada de protesta
Para el sindicato es una inmoralidad la acción del Gobierno de Cambiemos, que a pocos días de retirarse crea un régimen especial para conferir estabilidad a los directores generales por cinco años.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) de Río Negro anunció para este jueves realizará una jornada provincial de protesta de los organismos nacionales en rechazo al decreto 788/19 firmado por el presidente Mauricio Macri, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el ministro de Trabajo y ProduccióDante Sica para pasar a planta permanente a la Alta Dirección del Estado. El sindicato concentrará en la regional patagónica del SENASA en Roca (Lisandro de la Torre 560).
Para el sindicato es una inmoralidad la acción del Gobierno de Cambiemos, que a pocos días de retirarse crea un régimen especial para conferir estabilidad a los directores generales por cinco años.
“Este decreto pretende perpetuar a los altos funcionarios de un gobierno que se cansó de menospreciar a los estatales, calificándolos de grasa militante y de ñoquis. Multiplicó los despidos dejando a miles de familias en la calle y resulta que ahora se agarra con uñas y dientes al poder”, expresó y retomó las palabras del secretario general adjunto de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar recordando que “los que hablaban de una grasa mlitante que no existía, terminaron creando la sushimilitancia”.
El sindicato también manifestó su repudio absoluto al apoyo que UPCN otorgó a esta medida, al firmar con el gobierno un acta paritaria donde se habilitó el ingreso y permanencia al personal jerárquico a una carrera paralela, la Alta Dirección Pública (ADP), diferente del sistema de administración pública común (SINEP) .
Es así que en las calles, ATE demanda la anulación de esta norma que, además, prevé indemnizaciones pagadas por el Estado de decenas de millones de pesos en caso de que se quiera remover de sus cargos a alguno de estos funcionarios, ya que al modificar el régimen para funcionarios jerárquicos del Estado, Macri establece que los cargos políticos que fueron nombrados permanecerán en su cargos como mínimo un año, caso contrario, el Estado deberá indemnizarlos por los cinco años, desembolsando cifras millonarias y perjudicando al enorme conjunto de trabajadores.
