Fijan plazos de permanencia para concursar nuevamente en cargos judiciales
El postulante debe acreditar un mínimo de 4 años efectivos en el cargo desde la fecha de su juramento.
“La designación de los jueces se enmarca en un Estado de derecho y pudimos observar desde nuestro trabajo de habilitación de pliegos en la comisión de Asuntos Constitucionales cuestiones de procedimiento que es necesario ajustar. Consideramos que tanto jueces, fiscales y defensores deben cumplir plazos temporales mínimos para los cargos para los que fueron seleccionados y votados, y así no ingresar en una contradicción con el fin buscado por la ley que dio origen al funcionamiento del Consejo de la Magistratura”.
En esos términos defendió María Laura du Plessis (MPN) la postura del bloque de Diputados del MPN al votar en la sesión de ayer en general a favor de la ley que dispone un requisito de permanencia mínimo en cargos judiciales para poder volver a postularse en concursos que realice el Consejo de la Magistratura.
La norma aprobada incorpora el artículo 20 bis a la ley 2533, de funcionamiento del Consejo de la Magistratura y determina que para poder participar nuevamente en un concurso para un cargo de igual categoría, el postulante debe acreditar un mínimo de 4 años efectivos en el cargo desde la fecha de su juramento. En tanto, reduce a 2 años el requisito para acceder a un cargo de mayor jerarquía.
La diputada señaló que desde el bloque del MPN se decidió acompañar una iniciativa que incorpora un límite temporal que le impide a un magistrado o funcionario cuyo pliego fue recientemente votado, poder volver a concursar por un nuevo cargo de manera inmediata. “Entendemos que delimitar un plazo de 2 años para un cargo de mayor jerarquía o 4 años para uno de igual categoría pero en una circunscripción diferente no atenta contra la carrera judicial de ningún magistrado o funcionario”, apuntó du Plessis.
Por su parte, Mario Pilatti destacó que la reforma preserva el interés general y “bajo ningún punto pretende limitar la carrera judicial de ningún magistrado o funcionario judicial”. En ese sentido, dejó constancia que la iniciativa tomó forma a partir de un caso concreto que debió dirimir la comisión de Asuntos Constitucionales y que luego pasó al pleno de la Cámara.
“Puede haber cuestionamientos a la limitación de los magistrados a avanzar en su carrera profesional, pero creo que como órgano político en la Legislara debe primar el interés general de los ciudadanos a tener garantizado su acceso a la justicia en cualquier punto geográfico de la provincia”, sintetizó.
“Si alguien concursa para estar en una determinada locación y luego decide cambiarse, sólo se le exige quedarse un determinado tiempo”, apuntó y calificó a la delimitación como “un costo menor” ante lo que significa volver a poner en marcha un proceso de concursos en el que intervienen la Magistratura y la Legislatura para cubrir nuevamente la vacancia del cargo que deja el funcionario o magistrado judicial.