Por la eliminación del ministerio, estatales rionegrinos protestan en los hospitales
El próximo miércoles en toda la provincia, el sindicato demandará medidas de contención ante una nueva amenaza sanitaria.
Aseguran que haber rebajado el ministerio de Salud a categoría de secretaría ya comenzó a afectar el dispositivo público sanitario. El ajuste presupuestario redujo la cobertura de medicamentos y vacunas, y el cierre de direcciones creadas durante años.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE), alertada a partir del trabajo de sus afiliados en los establecimientos de Río Negro, decidió convocar para el próximo miércoles a una Jornada Provincial de Lucha en los 36 hospitales de la provincia.
La decisión fue adoptada durante el plenario de secretarios generales que se llevó a cabo esta semana. Lo ameritaba la gravedad de los hechos: además de recortar presupuesto y eliminar el ministerio, el Gobierno publicó días atrás en el Boletín Oficial la reasignación de recursos desde Salud, Educación, Ciencia y Técnica, Cultura, SENNAF y Desarrollo Social hacia el ministerio de Seguridad.
El desfinanciamiento afectó ya la dirección de SIDA, ETS, Hepatitis, Tuberculosis y Lepra, y amenaza con no cubrir los medicamentos jubilados, tras el anuncio de la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos de rescindir el contrato con PAMI.
Durante las últimas semanas, hospitales públicos de Río Negro como el de Bariloche denunciaron un faltante de vacunas contra el meningococo para niños de once años. Asimismo, los centros de diálisis de obras sociales y prepagas anunciaron que no recibirán a pacientes pertenecientes al programa federal Incluir Salud, a raíz de una deuda del Estado Nacional.
Señalan que en grave riesgo se encuentra el diseño de nuevas políticas sanitarias y los derechos alcanzados durante años de política de Estado en el testeo del HIV, la distribución de anticonceptivos y de protocolos de Interrupción Voluntaria del Embarazo.
El exministerio de Salud, subsumido al de Desarrollo Social, pierde con esta decisión pautada con el Fondo Monetario Internacional, todo su potencial de coordinación nacional y de articulación entre el sector público, privados y obras sociales, abriendo la puerta a la desregulación de precios y generación de desigualdades entre argentinos.
