Concejales se presentaron en la justicia por la cláusula gatillo
Cabe destacar que la mencionada cláusula permite al intendente de Neuquén aumentar el precio del boleto de colectivo a discreción por decreto.
Ediles del MPN, LIBRES y Unidad Ciudadana presentaron una acción constitucional de nulidad por conflicto interno en la justicia provincial para que ésta, como poder tercero imparcial, declare la validez de la insistencia de la ordenanza que deroga la cláusula gatillo.
Cabe destacar que la mencionada cláusula permite al intendente de Neuquén aumentar el precio del boleto de colectivo a discreción por decreto.
La derogación fue aprobada por 11 votos a favor cuando había en el recinto 16 concejales. La norma necesitaba 2/3 de los votos, pero el debate surgió por si eran 2/3 del cuerpo o de los presentes.
Al respecto la concejala del MPN, Vanina Merlo expresó que “tenemos todos los recaudos jurídicos cumplidos y ésta es una acción sumamente importante, no solamente por la connotación jurídica que tiene, porque damos cumplimiento a lo que prevén la Constitución Provincial y la Carta Orgánica Municipal, sino que también tiene una connotación política porque permitiría anular la facultad que tiene el poder ejecutivo de aumentar por decreto el boleto de colectivo”.
Por su parte Valeria Jara, concejala de LIBRES, aseguró que “para nosotros es fundamental que se respete la voluntad del Concejo Deliberante de insistir con esta ordenanza que es para proteger a los miles de neuquinos que usan el transporte público. No olvidemos que los decretos del intendente en los últimos años han significado que hoy paguemos la tarifa más cara del país, $ 19 pesos un viaje en colectivo”.
Jara agregó que “Quiroga no respeta los ámbitos democráticos, sus concejales tampoco y tenemos que llegar a esta instancia para lograr la vigencia de una ordenanza tan importante”.
En tanto Marcelo Zúñiga, edil de Unidad Ciudadana, manifestó que “no nos gusta judicializar la política, pero en este caso, ya se agotó una vía administrativa, política e institucional y esperamos que el Tribunal Superior se expida sobre estas cuestiones”.
“Debemos empezar a plantear una política pública que tenga que ver con la justicia y la igualdad en nuestra ciudad, pensando en cómo mejorar la calidad del servicio y en ayudar a resolver la vida cotidiana de los usuarios y no la rentabilidad de los empresarios que es lo que le preocupa al Ejecutivo”, afirmó el concejal peronista.