Mansilla pide revisión por la estatización de las hidroeléctricas
La novedad había trascendido fuerte hace una semana desde la Secretaría de Energía de la Nación, a cargo de Flavia Royón, para que se implemente un esquema de administración entre el estado nacional y las provincias (dueñas del recurso).
En el contexto del año electoral y a causa de la paralización administrativa de algunos ámbitos estatales, Nación había prorrogado por un año los contratos en los aprovechamientos de los complejos hidroeléctricos. Pero hace una semana dio un volantazo -¿inesperado?- para las provincias.
Todas las concesiones vencen en el segundo semestre de 2023. Son las de Alicurá, actualmente operada por AES Argentina; El Chocón y Arroyito, a cargo de la firma ENEL Generación; Planicie Banderita, operada por Orazul Energy; y Piedra del Águila, a cargo de Central Puerto.
“En un momento nos informaron que les iban a renovar por un año, que es lo que permite el actual contrato de concesión. Ellos dicen que, por el tipo de concesión, como las provincias todavía no están preparadas y Nación no está preparada (para hacerse cargo), iban a renovar un año más. Obviamente no estamos de acuerdo, nos dio una bronca tremenda, pero es lo que nos dijeron”, explicó Mansilla respecto de la primera decisión de Nación, de prorrogar un año más las concesiones de los complejos hidroeléctricos.
La semana pasada desde la Secretaría de Energía de la Nación indicaron que “la línea de acción es que volverían al Estado nacional, pero queremos un esquema para las provincias”, y rechazaron la posibilidad de prorrogar las concesiones durante un año, posibilidad que se difundió a principios de este año.
Pero también se evaluaba que el Estado quede con el control de las hidroeléctricas, pero la operación siga en manos de las compañías privadas.
