Irregularidades en inmobiliarias de Bariloche
El titular de la entidad, Roberto Díaz, aseguró que la mayoría no tiene oficinas, por lo que no están habilitadas para funcionar, y por lo tanto no pueden cobrar la comisión inmobiliaria ni siquiera a los propietarios. ya fueron presentadas las denuncias en Inspección General del municipio, el Colegio de Martilleros de la zona andina, AFIP, y en Defensa del Consumidor.
“Las inmobiliarias no sólo son las responsables de la imposibilidad de alquilar de forma justa en la Argentina, también son las mismas que le siguen cobrando de manera ilegal la comisión inmobiliaria a los inquilinos. Pero ahora resulta que la gran mayoría tampoco puede cóbrasela a los propietarios, porque están todas fuera de la ley y no pueden funcionar”, señalaron desde la Unión de Inquilinos de Río Negro.
“Estos son los que después piden requisitos hasta por demás a los inquilinos, o piden modificaciones de las leyes para seguir perjudicando a los inquilinos e inquilinas y que sus negociados sean más jugosos”, agregaron.
La Ley Provincial que está vigente y regula la actividad, es la 2051, que en sus artículos obliga a las inmobiliarias a cobrar la comisión inmobiliaria a los propietarios, a tener una oficina, y que la misma esté habilitada comercialmente por el municipio para poder ejercer la actividad. De lo contrario, es el propio colegio quien debería impartir sanciones, y luego también la justicia.
“Básicamente, son las propias inmobiliarias las que se controlan a sí mismas. Es decir, si hay una transgresión a la normativa, vas al Colegio y te atienden los mismos que transgreden las leyes. Por eso es importante la presencia del Estado, porque nadie defiende a los inquilinos e inquilinas”, señaló Díaz.
De las 95 inmobiliarias barilochenses que figuran en el registro del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la 3era Circunscripción (abarca a El Bolsón), 60 no tienen habilitación comercial. Esto las inhabilita a funcionar, y por lo tanto a cobrar la comisión inmobiliaria, ya que el artículo 47 obliga a las mismas a tener una oficina de referencia. Es decir, casi el 65% de las mismas no puede funcionar legalmente.
Además, muchas ni siquiera están inscriptas en AFIP: un 23% de ellas no hace aportes al fisco como el resto de los comerciantes o trabajadores.
“Si calculamos que hay unos 36 mil inquilinos en la ciudad (unos 9 mil contratos aproximadamente), y cada uno pagara una comisión inmobiliaria de –supongamos -50 mil pesos promedio, estamos hablando que es una transferencia ilegal de 450.000.000 de pesos que se llevan las inmobiliarias del bolsillo de los laburantes que no llegan a fin de mes”, remarcó el Presidente de la unión de Inquilinos.
“Y por si eso fuera poco, el 65% ni siquiera paga un mínimo de impuestos. Es la exacerbación de la ilegalidad, amparada por el propio Colegio, que debería hacer cumplir la ley y no lo hace porque sus propios integrantes la incumplen”, sentenciaron a través de un comunicado.