Defensoría del Pueblo requirió al DPA anular aumento en la tarifa del agua
La defensora del pueblo requirió al DPA dejar sin efecto el incremento de la tarifa del agua porque resulta incompatible «con los derechos de los usuarios fijar un aumento sobre un servicio público esencial en un escenario de reducción masiva de ingresos”, remarcó la defensora del pueblo de Río Negro, Adriana Santagati.
Santagati consideró que el dictado de la Resolución del DPA, no ha tenido en cuenta la gravísima situación socio–económica que atraviesa el universo de usuarios como resultado, fundamentalmente, de la pandemia por el COVID-19.
“Sabido es que, con motivo de la emergencia sanitaria, las autoridades nacional y provincial han adoptado, entre otras, medidas de ´aislamiento social preventivo y obligatorio´ que se han extendido por varios meses, continuándose luego con prácticas de distanciamiento y reducción de actividades que han afectado severamente la matriz económica y productiva del país”, indicó la defensora Santagati para luego remarcar: “en ese contexto de retracción de la actividad económica, pérdida de fuentes de trabajo, cierre de pequeñas y medianas empresas y reducción generalizada del poder adquisitivo de la ciudadanía, la aplicación de un aumento en la tarifa de un servicio público esencial, como es el del agua y saneamiento, no sólo resulta inoportuno, sino directamente violatorio de los principios jurídicos que disciplinan su funcionamiento”.
En la Nota N° 415/2020 DPRN dirigida al superintendente provincial de aguas, Fernando Curetti, la defensora expresó que, en los fundamentos de la Resolución N°522, “no se han tenido en consideración ninguno de los aspectos de la actual coyuntura, procediendo simplemente a la aplicación automática de una redeterminación de costos en el marco de la Ley 5.292 que atiende, principalmente, a los incrementos salariales del personal de los prestadores”.
La defensora del pueblo también expresó en su nota: “El análisis aislado que ha motivado el aumento no tuvo en cuenta, adecuadamente, la realidad actual de los usuarios y las exigencias en materia de accesibilidad económica inherente al derecho humano al agua”.
“Esa accesibilidad demanda que los aumentos sean consistentes con la capacidad de pago de los usuarios y usuarias del servicio”, destacó Santagati y enfatizó la necesidad que, en lo sucesivo, “decisiones de esta índole sean adoptadas luego de una exhaustiva ponderación del contexto”.
