Designaron secretarias para la Cámara Laboral y el Juzgado de Ejecución en Ro
El Consejo de la Magistratura de la Segunda Circunscripción sesionó hoy en Roca y designó una secretaria para la Cámara Laboral Primera y una Secretaria para el Juzgado de Ejecución N° 10.
La Presidenta del Superior Tribunal de Justicia y del Consejo de la Magistratura, Adriana Zaratiegui, encabezó la sesión. Para las designaciones el organismo se completó con los legisladores Nicolás Rochás y Tania Lastra y con los abogados por el Colegio de la Segunda Circunscripción Federico Ambroggio, Juan Pablo Urquiaga y Ángela Sosa. Por la Judicatura participaron en los trámites de su respectiva incumbencia la Presidenta del Foro de Jueces Penales, Verónica Rodríguez, el juez de Juicio Fernando Sánchez Freytes y el Camarista Laboral Nelson Walter Peña.
Como secretaria para la Cámara Laboral Primera fue designada la abogada particular Lucía Meheuech, quien obtuvo 38 puntos en la entrevista personal ante el Consejo y totalizó un puntaje de 86,91 puntos en el concurso de oposición y antecedentes. En tanto que el concurso por la secretaría de la Cámara Laboral Segunda fue declarado vacante.
También por unanimidad, la abogada Jessica María González fue designada Secretaria para el Juzgado de Ejecución N° 10, tras haber obtenido el puntaje máximo de 40 puntos en la entrevista personal ante el Consejo y haber obtenido un puntaje final de 86,66 en el concurso.
Expedientes disciplinarios
El Consejo también abordó tres expedientes disciplinarios en la sesión de Roca.
En el primer caso, rechazó el pedido de desafuero formulado por el fiscal jefe Andrés Nelli y la fiscal del caso Belén Calarco respecto del juez de Garantías de Villa Regina Federico Dalsasso, quien se encuentra preventivamente suspendido de sus funciones desde agosto de 2018 por decisión del Consejo de la Magistratura, en el marco de un expediente disciplinario por un presunto “grave desarreglo de conducta” vinculado, a su vez, con una imputación penal contra el magistrado.
Ante el formal pedido de desafuero de los fiscales que impulsan la causa penal en trámite, el Consejo resolvió no hacer lugar en esta instancia “toda vez que no se vislumbra, a petición de los interesados, que el Magistrado vaya a burlar la acción de la Justicia y la correcta aplicación de la ley penal”. “Si estos extremos llegasen a estar presentes en un futuro, será deber de los Fiscales actuantes de anoticiar tal circunstancia a la máxima brevedad a este Consejo, a los fines de lo que pudiere corresponder”, dispuso el organismo por unanimidad.
Luego el Consejo, siguiendo la recomendación de la Auditoría General del Poder Judicial, remitió a archivo una denuncia formulada contra el mismo magistrado por una presunta injerencia sobre la declaración de un testigo en una investigación a su cargo.
Por último, el Consejo declaró inadmisible el recurso de casación interpuesto por el juez de Ejecución de Roca Juan Pablo Chirinos, quien impugnó la sentencia de octubre pasado por la que resultó suspendido por 30 días a raíz de “disfuncionalidades” detectadas en un expediente de Ejecución.
