Es ley la regularización de asentamientos y barrios populares
En el Congreso fue impulsado por Silvia Horne y recibió el respaldo de María Emilia Soria en la Cámara de Diputados y de Magdalena Odarda en el Senado.
La diputada nacional Silvia Horne expresó su alegría por la aprobación de la Ley de Integración Socio Urbana y Regularización Dominial de Asentamiento y Barrios Populares y destacó que ahora las organizaciones sociales deberán redoblar el esfuerzo en el trabajo junto a municipios provinciales para que este avance en los derechos sea efectivamente llevado a la práctica.
Esta es una de las cinco leyes que reclaman los movimientos sociales encabezados a nivel nacional por la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y Barrios de Pie, con la participación de muchas otras organizaciones a lo largo y ancho del país.
En el Congreso fue impulsado por Silvia Horne y recibió el respaldo de María Emilia Soria en la Cámara de Diputados y de Magdalena Odarda en el Senado.
La ley declara la ‘utilidad pública’ y sujeto a expropiación las tierras donde se localizan 4.416 asentamientos urbanos precarios, con el objetivo de entregarles a sus habitantes certificados de vivienda familiar. Los barrios alcanzados por la normativa son los relevados por el Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana (RENABAP), en un trabajo que contó con la contribución de varias organizaciones y movimientos sociales.
Las organizaciones sociales festejaron en la plaza del Congreso la sanción de la ley. “La construcción importante es la que logramos en la calle con todas las centrales obreras y con una agenda de emergencia”, expresó Silvia Horne.
Los movimientos sociales, conocidos como los ‘Cayetanos’ porque surgieron al calor de la movilización en el día del patrono del trabajo, con el apoyo de las dos CTA y de la CGT, reclaman también la sanción de las leyes de ‘Emergencia Alimentaria’, la ‘Emergencia en Adicciones’, el ‘Régimen Nacional de Promoción del Trabajo y Desarrollo de la Economía Popular, Social y Solidaria’ y la ‘Creación de un Fondo Fiduciario Público para la Agricultura Familiar’.
