Imputaron al intendente de Dina Huapi

Danilo Rojas fue imputado por abuso de autoridad, malversación y sustracción de caudales públicos en el marco de la causa que investiga la construcción de la bicisenda a la vera de la ruta 40.

El fiscal Guillermo Lista formuló cargos al Intendente de Dina Huapi, Danilo Rojas y a quien se desempeñaba como secretario de Obras Públicas Carlos Alberto Morazzani por abuso de autoridad, malversación y sustracción de caudales públicos.

La jueza de Garantías Romina Martini dio por formulados los cargos y rechazó el planteo de prescripción de sobreseimiento por entender que hay material suficiente para iniciar la investigación y colectar la evidencia necesaria para la elaboración de sus teorías del caso. Asimismo otorgó los 4 meses de plazo para la elaboración de la investigación.

La formulación de cargos se enmarca en la causa que investiga la construcción de la segunda etapa de la bicisenda construida a la vera de la ruta 40. El intendente y el exfuncionario contrataron de forma directa a una empresa, pese a que la ordenanza exige llamar a licitación cuando el presupuesto excede el monto estipulado por ordenanza.

El hecho endilgado refiere además a la omisión de suscribir el correspondiente contrato en el que se pudiera plasmar las particularidades de la contratación, con posibilidad de ocasionar un daño o perjuicio a la administración, por falta de certidumbre jurídica.

Asimismo, según la acusación, los imputados en su carácter de Intendente de Dina Huapi y exsecretario de Obras Públicas, en forma respectiva, tuvieron a su cargo la compra de hierros para la segunda etapa de la bicisenda de Dina Huapi, estando acreditado que los materiales de mención no han sido destinados para la obra en cuestión, surge de la memoria descriptiva que ésta obra no lleva hierros.

Por último el fiscal Lista expresó que «se puede inferir que los materiales comprados y abonados por el municipio de Dina Huapi, conforme transferencias bancarias electrónicas obrantes en el expediente, no han tenido como destino la obra sobre la que se pretendió justificar el gasto. Se le ha asignado a tales materiales un uso distinto por el que debían ser administrados y utilizados como marca la ley. Además de no cumplir con la formalidad exigible para toda contratación de una obra pública, ya que únicamente se solicitó un presupuesto que directamente fue aceptado y sin más se realizó la obra».

Sustentó la acusación el representante del Ministerio Público Fiscal, con diferente material probatorio tales como; el balance de Inversión de fondos, memoria de obra delegada por el Secretario de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de Dina Huapi, detalle de depósitos bancarios, cómputo y presupuesto de la obra, facturas y diversas testimoniales.

Participaron de esta audiencia presidida por la Jueza de Garantías Romina Martini, los abogados Alejandro Pschunder y Karina Chueri por la querella. Por la defensa particular de los imputados, el abogado Sebastian Arrondo, quien se opuso a la formulación de cargos y realizó un planteo de sobreseimiento por considerar prescriptos los plazos.

En diálogo con Radio Seis, Alejandra Vitale, del Tribunal de Contralor, informó que se llegó a esta audiencia a partir de la denuncia por la bicisenda, malversación de fondos y abuso de autoridad.

Gabriel Garcés, también del Tribunal de Contralor, comentó que se investigó y dieron todos los pasos necesarios, y se llegó a la conclusión de que había hierros que «habían sido llevados para otro lado» por lo que se hizo la denuncia. Manifestó que se agotaron todas las instancias administrativas y se llegó a la determinación de hacer esta denuncia y esperan ver qué resolución se da.

El asesor legal del Tribunal, Alejandro Pshunder, señaló que hay un claro delito por parte de los funcionarios públicos intervinientes, por lo que se llegó a la formulación de cargos. Destacó que la bicisenda no lleva hierros y sin embargo está la orden de compra. Manifestó que le pagaron con esos hierros a un particular, en el kilómetro 13.

«El expediente tiene toda la documentación oculta», expresó y agregó que «queda clarísimo que también quiso eludir la entrega de documentación».

Consultado el abogado respecto a cómo puede influir esto en el gobierno de la localidad, manifestó que según la Carta Orgánica, nadie puede ser removido de su cargo sin una sentencia firme, pero «debe llevar a un debate» porque, según sostuvo, hay demasiada prueba documental sobre la adquisición de materiales que «no están donde deberían haber estado».

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