Plan Castello: critican distribución de fondos a municipios

El cuestionamiento está referido a que “se sancionen normativas para que la Provincia se quede con los recursos que por la Ley 5201 les pertenece a los municipios”.-

“La enormidad de requisitos que se exigen a los municipios para acceder a los fondos del Plan Castello exceden el espíritu de la Ley, tornando sus disposiciones en restrictivas, injustas y en superposición de otras normas”, expresó el presidente del bloque del FpV, Alejandro Marinao, quien junto al legislador Javier Iud, criticó las exigencias impuestas a los municipios por el gobierno provincial, para acceder a los recursos del Plan Castello.

Destacó Marinao que los fondos no reintegrables que por la Ley deben transferirse en forma igualitaria a los Municipios, no deben tener ningún requisito previo al envío de fondos, más que cumplir con invertir en obras de infraestructura y bienes de capital y señaló que lo “reglamentable es posterior al envío de los fondos y la manera de rendirlos”.

Por su parte, Javier Iud dijo que “parece que la intención del Gobierno sería complejizar el envío de un fondo, que podríamos decir tiene el carácter de coparticipable, atrasando el cumplimiento de lo que manda la ley, e incluso en la posibilidad que algún Municipio pierda el derecho que por decisión mayoritaria de la Legislatura se consignó en la Ley”.

Agregó que “si en 60 días desde la apertura de las sesiones de los concejos deliberantes de cada ciudad, no se cumple con cada papel que se solicita, se puede perder el fondo. Nada de eso dispone la Ley”.

“El proyecto del decreto reglamentario de la Ley Castello incursiona incluso en exigencias que son facultades de cada municipio, por ejemplo cuando se exige -como requisito previo- incorporar las obras a realizar en los respectivos presupuestos locales, cuestiones técnicas que debe resolver cada Concejo Municipal y controlados por los Tribunales de Cuentas respectivos”, indicó el legislador sanantoniense

De esta manera, ambos diputados justicialistas coincidieron en que resulta un exceso crear una Comisión dentro del Poder Ejecutivo para aprobar proyectos, “cuando la ley sólo dispone cual debe ser el destino del recurso, y no que sea un funcionario provincial el que analice si es prioritaria para una localidad tal o cual obra, o si conviene comprar un camión o una bicicleta. Todo es resorte de cada municipio, quienes cuentan con áreas técnicas y funcionarios para decidir en que invertir el dinero”.

El cuestionamiento está referido a que “se sancionen normativas para que la Provincia se quede con los recursos que por la Ley 5201 les pertenece a los municipios”.

ADN