Río Negro y las políticas de Derechos Humanos
El viernes 26 el gobernador Alberto Weretilneck, publicó un tweet, donde anunció que “firmamos hoy la adhesión de Río Negro al Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos.
Un gran avance para seguir construyendo juntos la Argentina más justa inclusiva que soñamos”.
De esta manera el mandatario cumplió con el pedido del presidente Mauricio Macri, para que las provincias se sumen a este programa que conduce el ministro del área, Claudio Avruj, y que mereció el cuestionamiento de las organizaciones de derechos humanos y sectores políticos.
Sin dudas que se trata de un controvertido tema, donde Weretilneck demostró que sobre los derechos humanos tiene una visión muy particular y por lo general distante de las políticas oficiales llevadas a cabo por el área específica de su gobierno e incluso de la Legislatura provincial, que sancionó importantes leyes y creó ámbitos específicos como la Comisión contra la Tortura, entre otros.
También el gobernador fue cuestionado por sus declaraciones sobre el conflicto mapuche en Río Negro, la responsabilidad que adjudicó al grupo RAM en la muerte del joven barilochense Rafael Nahuel en la toma de Villa Mascardi, en Bariloche y su alineamiento con la línea política bajada del gobierno nacional sobre los pueblos originarios.
Esta controvertida posición ante los derechos humanos, se observa en la gestión de la titular del organismo rionegrino, Laura Ménez, con la implementación de políticas no siempre en sintonía con Weretilneck, quien firmó este acuerdo con Avruj, cuando a fin del año pasado, Méndez se expresó -junto con representantes del área de 15 provincias del país- en forma contraria al Plan Nacional de Derechos Humanos.
También Méndez firmó documentos con representantes provinciales de Derechos Humanos, pidiendo el esclarecimiento del caso Maldonado, criticando el accionar de las fuerzas federales en la represión de manifestaciones mapuches y condenó la muerte de Rafael Nahuel, en Bariloche, a manos de efectivos de Prefectura.
Este posicionamiento nacional de la secretaria de Derechos Humanos de Río Negro, molestó al gobernador Alberto Weretilneck al punto de tal de no permitirle volver a firmar adhesiones de la provincia en temas donde se cuestione las políticas nacionales en la materia.
No escapa a este análisis las distintas visiones expuestas en el “Caso Solano” cuando se debatió a quien correspondía pagar el costo de bajar al pozo del campo “La Manuela”, en Choele Choel. En la oportunidad la posición de Méndez fue clara: “El costo de bajar al jagüel no puede ser un tema de discusión” y agregó “Yo no puedo verlo como un gasto”. Se preguntó “¿cuál es el valor de la vida?, ¿cuál es el valor de recuperar para una familia el cuerpo de su hijo desaparecido?”.
“Nosotros, desde la secretaría”, destacó Laura Méndez, “entendemos que Río Negro no se puede permitir tener un desaparecido, es totalmente inaceptable, no podemos, como sociedad, vivir con eso”.
