Juzgarán mañana en Neuquén a cinco ex militares y a dos ex policías por crímenes de lesa humanidad

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Neuquén juzgará desde mañana a cinco ex militares del Ejército, a un ex oficial de la Policía de Río Negro y a un ex subcomisario de la Policía Federal

Es por el secuestro y las torturas a las que fueron sometidos dos hombres oriundos de las ciudades de Catriel y Cutral-Co en 1976 y 1977, respectivamente.

Los acusados son el ex jefe de Inteligencia del Comando de la Brigada de Infantería de Montaña VI, Oscar Lorenzo Reinhold (82); el ex teniente 1º a cargo de la Compañía “A” del Batallón de Ingenieros de Construcciones 181, Gustavo Vitón (70), quien además ejerció como jefe de la subárea militar 5212, con jurisdicción en una zona comprendida entre las localidades rionegrinas de Allen y Catriel; los ex jefes -en distintos períodos- de la Primera Sección del Destacamento de Inteligencia 182 de Neuquén, Jorge Eduardo Molina Ezcurra (73), Sergio Adolfo San Martín (76) y Jorge Héctor Di Pasquale (70); el ex subcomisario de la Delegación Neuquén de la Policía Federal, Jorge Alberto Soza (80); y el ex Jefe de la Unidad 24 de la Policía de la Provincia de Río Negro con sede en Cipolletti y ex jefe de Operaciones Especiales del área 5212, Antonio Alberto Camarelli (74).

Los sucesos comprendidos en esta causa fueron crímenes perpetrados en la jurisdicción del Comando de la Subzona de Seguridad 52 -del V Cuerpo del Ejército-, cuya conducción estaba a cargo del Comando de la Brigada de Infantería de Montaña VI, con sede en Neuquén, y que comprendía a toda la provincia y casi la totalidad de la de Río Negro. Esa subzona fue dividida en Áreas (521, 522, 523 y 524). Los hechos que se juzgarán en este debate ocurrieron en el territorio correspondiente al Área 521 (Alto Valle de Río Negro y Neuquén), cuya unidad responsable fue el Batallón de Ingenieros de Construcciones 181 de la guarnición Neuquén-Confluencia.

“Una vez encapuchado, lo ingresaron en una oficina donde lo golpearon en la espalda con una goma, le colocaron algodones en las sienes con un plástico arriba, para luego aplicarle descargas eléctricas en su cabeza”.
El tribunal a cargo del juicio estará compuesto por Pablo Díaz Lacava, Eugenio Krom y Orlando Arcángel Coscia. Por el Ministerio Público Fiscal intervendrán el fiscal general Miguel Ángel Palazzani y la fiscal coadyuvante Jorgelina Dalessandro.

Los hechos que llegan a juicio tuvieron como víctimas a Félix Urbano Alcides Oga, secuestrado en 1976, y Alipio Quijada, víctima de hechos similares en 1977. Los dos sobrevivieron, pero este último falleció con posterioridad.

En el requerimiento de elevación a juicio, que será leído este martes en el comienzo de la audiencia, el fiscal Palazzani acusó a Reinhold en carácter de autor del delito de privación ilegal de la libertad agravada por el empleo de violencia y aplicación de tormentos físicos y psíquicos agravada por ser la víctima perseguido político, y a Vitón, Molina Ezcurra, San Martín, Di Pasquale, Soza y Camarelli, en grado de partícipes necesarios en el caso de Oga.

En tanto, por los mismos delitos que tuvieron como víctima a Quijada, Palazzani acusó a Reinhold, también como autor, y a Molina Ezcurra, San Martín y Di Pasquale como partícipes necesarios.

Los hechos

Oga fue secuestrado en la localidad rionegrina de Catriel el 27 de marzo de 1976 por un grupo armado compuesto por miembros del Ejército, la Gendarmería Nacional y la Policía provincial, que se presentaron en la casa de sus padres mientras se encontraba almorzando junto a ellos.

Fue llevado a la comisaría local y le informaron que quedaba detenido por averiguación de antecedentes junto a un amigo previamente secuestrado. Luego le dijeron que había un pedido de captura. En realidad, Oga se encontraba identificado en el Destacamento de Inteligencia 182, que era la unidad de espionaje de la Subzona 52, como “elemento perteneciente a la OPM Montoneros” y por pertenecer a la orden religiosa “Caballeros Americanos del Fuego”, de tipo celular y secreta, con valores como coexistir en comunidad y trabajar la tierra.

Por esas razones, se encontraba sindicado como “elemento subversivo”, según se desprende del requerimiento de elevación a juicio de la Fiscalía.

Mientras Oga permaneció en la comisaría, personal policial allanó su casa. Su amigo fue liberado al día siguiente. La víctima de este juicio fue cargada en un vehículo y trasladado a la comisaría de Cinco Saltos, y de allí a la comisaría de Cipolletti, que estaba a cargo del imputado Camarelli, bajo control del responsable de subárea, el entonces teniente Vitón.

En Cipolletti le tomaron las huellas digitales por segunda vez y el 28 de marzo, por la noche, un móvil del Ejército lo trasladó hasta la Unidad 9 del Servicio Penitenciario Federal, en Neuquén. Desde allí fue sacado el 1° de abril y llevado a la Delegación de la Policía Federal en esa ciudad. En ese lugar fue encapuchado, pero antes de que le cubrieran el rostro pudo reconocer al imputado Soza, quien se desempeñaba entonces como segundo jefe.

Los siete acusados serán juzgados por los delitos de privación ilegal de la libertad agravada por el empleo de violencia y aplicación de tormentos físicos y psíquicos agravada por ser la víctima perseguido político.

“Una vez encapuchado, lo ingresaron en una oficina donde lo golpearon en la espalda con una goma, le colocaron algodones en las sienes con un plástico arriba, para luego aplicarle descargas eléctricas en su cabeza que le provocaron convulsiones y temblor en cara y dientes”, describió la Fiscalía en la acusación. En ese contexto, la víctima fue interrogada por su supuesta actividad política.

Luego de las torturas y tras un descanso de dos o tres horas, Oga fue reingresado al penal federal. El 7 de abril fue entregado nuevamente a la Policía Federal, que lo derivó a la Delegación Viedma. Su arresto, que había sido dispuesto por un decreto del Poder Ejecutivo Nacional el 30 de marzo de 1976, fue dejado recién sin efecto el 7 de septiembre de 1977.

En ese largo período pasó también detenido por la cárcel de Villa Floresta, cerca de Bahía Blanca, y por la sede de la Policía Federal de esa ciudad.

El 11 de septiembre ingresó a la cárcel de Rawson, provincia de Chubut, de donde salió en libertad recién el 20 de septiembre del año siguiente, casi dos semanas después de la fecha en la que había sido ordenada su soltura.

Alipio Quijada, militante peronista que en 1973 había trabajado en la campaña presidencial de Héctor Cámpora, fue secuestrado a las 7.30 de la mañana del 30 de septiembre de 1977 en su domicilio de Cutral-Co, Neuquén, cuando se encontraba junto a su esposa y sus nueve hijos. La detención ilegal fue perpetrada por un grupo de militares del Ejército, quienes se lo llevaron en un camión tras revisar su vivienda.

La primera parada fue en la comisaría local, donde la víctima reconoció a otras personas de la localidad también detenidas por razones políticas. El grupo, seis en total, fue trasladado luego a Neuquén, con destino a la Unidad 9 del SPF. En ese penal fue interrogado en una oficina, previo a lo cual le vendaron los ojos y lo esposaron.

Uno de los testigos sobrevivientes que luego declaró en la causa reconoció al jefe de inteligencia de la Brigada de Infantería de Montaña VI, Oscar Reinhold, al mando de esas escenas, que incluyeron golpes y amenazas de dispararles con armas de fuego.

Los seis detenidos fueron liberados el 13 de octubre de 1977, cerca de las 16.00. “Regresaron a sus casas caminando y separados por temor a que fueran secuestrados nuevamente”, describió la Fiscalía.