Intendentes opinan sobre prisión preventiva
Legisladores provinciales de la comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia recibieron esta mañana a los intendentes de Rincón de los Sauces, Senillosa, Añelo, Piedra del Águila y Plaza Huincul en el marco del debate sobre la modificación de la prisión preventiva regulada en el artículo 114 del Código Procesal Penal.
Los intendentes de las zonas petroleras plantearon su preocupación por los hechos de inseguridad en sus localidades y coincidieron en la necesidad de otorgar más herramientas a los jueces para que puedan decidir en el dictado de la prisión preventiva. El intendente de Rincón de los Sauces, Marcelo Rucci, dijo que el planteo no apunta “a quitarle las garantías a un procesado sino de darle garantías a las víctimas” y reclamó una respuesta para “llevarle tranquilidad a las personas que quieren vivir honestamente en nuestro pueblo”.
El intendente Añelo, Darío Díaz, advirtió que “se están respetando más los derechos de los delincuentes que los de la gente de bien” y reclamó mayores herramientas para combatir el delito y proteger la integridad de las personas que realizan denuncias. “Esto se reduce con sentido común”, opinó tras remarcar que uno de los principales problemas es la droga.
Juan Carlos Giannattasio, de Plaza Huincul, se pronunció a favor de “fortalecer los elementos para que los jueces puedan hacer su trabajo y las personas que delinquen puedan quedar detenidas hasta que esté la condena definitiva” y pidió que además del peligro de fuga o entorpecimiento de la investigación, también se tenga en cuenta la gravedad del delito.
Su par de Senillosa, Hugo Moenne, sostuvo que “las leyes garantistas tienen que estar para proteger a las víctimas” y dijo que de la reunión deberían haber participado todos los diputados; mientras que la intendenta de Piedra del Águila, Adriana Figueroa, subrayó la necesidad de contar con herramientas para poder dar respuesta a las comunidades.
De la reunión también participó el asesor legal del municipio de Rincón de los Sauces, Marcelo Hertzriken Velasco, quien pidió que se escuchen “a todas las partes involucradas” y manifestó que los proyectos presentados para modificar el artículo 114 contienen “un decálogo de herramientas que posibilita que los jueces puedan dimensionar del riesgo de entorpecimiento de actuaciones judiciales y de fuga; el resto es ruido”. En ese sentido, aseguró que “no queremos la vuelta al sistema inquisitivo sino que los jueces de garantías tengan mejores elementos”.
Al inicio, Pilatti sostuvo que el tema de la prisión preventiva “ya está maduro” para poder empezar a tomar algunas definiciones legislativas. Señaló que el Código actual es “escueto” en relación al tema y lo comparó con otros Códigos vigentes en el país que contienen un desarrollo de pautas para que el juez pueda evaluar el peligro de fuga o entorpecimiento del proceso.
Desde el FPN-UNE, Pamela Mucci adelantó que va a contribuir a una solución para propender a la paz social pero remarcó que el proyecto no significa que se termina los problemas de violencia ni de adiciones. “Esto no es un problema de uno sino de todos”, afirmó tras expresar que la culpa “no es de las leyes que tenemos sino de cuestiones multidisciplinares”.
El diputado Claudio Domínguez (MPN) indicó que la prisión preventiva “puede ser una herramienta pero no soluciona el problema” y se pronunció a favor de extender el plazo de detención por orden del juez en casos gravísimos y de eliminar la conformidad de la Defensa para el juicio directo, previsto en el artículo 222 del Código.
En tanto, Nanci Parrilli (FpV) observó que no hay ningún estudio del impacto social que genera la actividad petrolera y reivindicó la participación de las mujeres en ese rubro. A la vez, acotó que hay cuestiones que no están siendo respetadas por los jueces.
