Odarda impulsa amparo contra el cierre del Correo
La legisladora Magdalena Odarda impulsó un nuevo reclamo ante la Justicia Federal para frenar el cierre de las sucursales del Correo Argentino en diversas localidades de Río Negro. Lo hizo junto a la amparista de Sierra Grande, Mirta López. La medida del gobierno nacional, «afecta gravemente a los sectores más vulnerables, quienes ven dificultado su acceso a prestaciones sociales esenciales», indicaron.
No es la primera acción de este tipo que impulsan legisladores, organizaciones y ciudadanos.
La legisladora de Vamos Con Todos puntualizó que de acuerdo con publicaciones periodísticas recientes, tras el cierre de sucursales, los habitantes de localidades como Valcheta, Comallo, Los Menucos, Comicó, Prahuaniyeu y Paso Flores se verán obligados a viajar alrededor de 200 kilometros hasta los nuevos puntos de cobro de haberes jubilatorios y asignaciones sociales. Por ejemplo, los habitantes de Valcheta ahora deberán viajar hasta San Antonio Oeste, mientras que los de Comallo tendrán que trasladarse hasta Bariloche. En localidades como Los Menucos y Prahuaniyeu, el punto más cercano será el Banco Patagonia en Los Menucos, lo que dificulta aún más el acceso a los recursos esenciales.
Odarda destacó «la importancia del Correo Argentino como institución clave para garantizar la accesibilidad a servicios básicos en zonas rurales». «El cierre de estas sucursales profundiza la exclusión social y deja a las comunidades más postergadas sin una herramienta fundamental para su sustento diario. En la mayoría de los casos, viajar 200km de ida y 200km de vuelta para cobrar una AUH o una jubilación, es un grave perjuicio ya que el dinero para su sustento se termina gastando solamente en costear el viaje hasta el lugar de cobro. Esta situación refleja cómo impactan las decisiones centralizadas en Buenos Aires, que no consideran las particularidades geográficas, económicas ni sociales de la región», manifestó.
Las amparistas remarcaron que esta problemática requiere una respuesta urgente por parte de las autoridades judiciales: «No podemos permitir que sectores vulnerables enfrenten estas barreras para acceder a lo que les corresponde por derecho. Es imperativo actuar para evitar el desmantelamiento de los servicios esenciales en la Patagonia».
