Avance legislativo para la reforma política
La comisión de Hacienda y Presupuesto, Cuentas y Obras Públicas emitió despacho por mayoría a la Reforma Electoral, que obtuvo dictamen favorable esta mañana en la comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia.
El principal eje de debate de la reforma electoral giró en torno al instrumento de votación, la boleta única electrónica. Al fundamentar a favor de esta última, Mario Pilatti (MPN) explicó que se trata de un dispositivo sin conexión a ningún tipo de red inalámbrica ni Internet, con un mecanismo de selección en pantalla pero con impresión del voto en papel y con un dispositivo que permite agilizar la lectura del escrutinio, como un código de barras. “Se descarta que exista un registro en el proceso de selección”, aseguró frente a los principales cuestionamientos en relación a la seguridad del voto.
“Estamos haciendo lo que tenemos que hacer: construir mayorías”, enfatizó Pilatti, luego de recordar que el tema se tratará en el recinto en las últimas sesiones ordinarias del actual periodo legislativo durante el mes de diciembre. El legislador dijo además que “no se busca resultado inmediato”, ocasión en la que indicó que el nuevo esquema electoral se implementará en los comicios del año 2019.
Desde la oposición, Nanci Parrilli (FPV) cuestionó la boleta única electrónica por no “asegurar el secreto del voto” y pidió convocar a especialistas en el tema, sugerencia que finalmente no prosperó. Asimismo, consultó sobre el costo de la maquinaria para la votación electrónica y la falta de previsión de una implementación gradual del sistema electrónico. Finalmente cuestionó la celeridad del tratamiento, “esto es un gesto apurado y no garantiza la seriedad del acto que se efectuará”. En efecto consideró que se trata de una “reforma no legítima que atenta contra el sistema democrático”.
En similar sentido se pronunció Patricia Jure (FIT) sobre el instrumento electoral al soslayar que “el problema no es el método en sí sino su orientación” y puntualmente criticó el articulado que permite aplicar sanciones a la campaña que altere el orden público.
